EN DEFENSA DEL JUEZ BALTASAR GARZON

Parece mentira que a estas alturas de lo que se llama democracia española tengamos que salir en defensa de un juez de la Audiencia Nacional de nuestro país, y no de un juez cualquiera, sino de uno que si se ha caracterizado por algo ha sido por esclarecer el crimen cometido por el poder en España desde 1939 a 1975, una larga etapa que desde el exterior de nuestras fronteras se observa como un periodo demasiado amplio de violación constante de los derechos humanos y consumación de crímenes de lesa humanidad, algo que no puede ser archivado por ninguna ley de punto final hasta que no se haga justicia y se reponga el daño causado a las victimas.


En este sentido, el juez Baltasar Garzón se ha caracterizado por perseguir judicialmente esos crímenes de lesa humanidad cometidos en España, a partir de que llegan a sus manos unas denuncias realizadas por familiares de victimas por lo que llega a abrir 22 casos de detenciones ilegales y un sin fin de desapariciones forzadas de más de 100.000 personas desde 1936 a 1951.

Es a partir de este momento cuando el privilegiado y meritorio juez es puesto en tela de juicio después de una carrera brillante y dilatada, principalmente en su lucha contra el terrorismo. Sin embargo, ese largo currículo de hacer justicia y que le lleva más de 40 querellas contra su persona (absuelto de todas ellas) se ve truncada por la aceptación en la actualidad por parte del Tribunal Supremo de otras tres denuncias de ningún calado técnico jurídico, refiriéndose la primera de ellas, precisamente, a que el juez Baltasar Garzón incumple la Ley de amnistía de 1977 al perseguir los crímenes de lesa humanidad que antes señalaba, lo que parece toda una aberración del derecho internacional que estipula que los gobiernos deben garantizar la justicia de todas las personas que sufrieron violaciones de los derechos humanos y la obligación de reparar a esas violaciones.

Sobre las otras dos querellas es mejor no opinar, ya que una se refiere a unos gastos en Estados Unidos que ha obligado a los rectores de una determinada Universidad norteamericana a salir públicamente al paso en defensa y justificación del juez español, y otra denuncia recibida como parte de la actuación judicial del Juez en un caso conocido por la ciudadanía española de corrupción, que es mejor no opinar tampoco porque saldría a la luz lo que el mismo Magistrado de la Audiencia Nacional denomina como una cacería hacia su persona de algunos estamentos sociales y personas que quieren impedir a toda costa todos unos hechos notorios y probados de corrupción política de gobernantes y representantes políticos españoles tanto a nivel estatal como autonómicos.

Como consecuencia de estas querellas, lo que más preocupa es el procesamiento mismo intencionado por parte del Consejo Superior del Poder Judicial de estudiar la suspensión del Juez Baltasar Garzón, que aunque fuera dicha suspensión de manera cautelar, significaría un gran revés y retroceso no sólo ya para la justicia de este país, sino que supondría un retroceso mucho más amplio cuya primera consecuencia sería el desquebrajar el mismo estatus quo alcanzado por quiénes pactaron la transición española hacia un estado de derecho para salir de la etapa franquista sin ningún tipo de cambio brusco y garantizar la misma Jefatura del Estado español en una Monarquía parlamentaria que ya se había diseñado en la etapa anterior.

Por tanto, de consumarse esta intención de aislar al Juez Garzón de la justicia española, deberíamos entender que se rompe el estado de derecho de separación de poderes por la cuerda más fina, el poder judicial habría cedido totalmente a la campaña política dirigida por unas personas con nombre propio, como el mismo Magistrado ha manifestado recientemente, personas cuya intención es deshacerse del mismo Magistrado de la Audiencia Nacional y sus investigaciones tanto en el caso de los crímenes de lesa humanidad como en los casos últimos de corrupción que lleva a cabo a personalidades de la política española actual.

Por ello decía al principio que parece mentira que seamos los republicanos de toda España los que con mayor ahínco nos opongamos públicamente a la suspensión cautelar del juez Garzón por parte del CGPJ, hemos sido los primeros en reaccionar, de hecho coincidimos la mayoría de los colectivos republicanos de toda España de que hay que hacer algo, hay iniciativas de refrendo al Juez liderados por asociaciones republicanas que han comprendido desde un principio que se trata también de una agresión a nosotros mismos y a las victimas republicanas, igualmente, se ha reaccionado desde sectores internacionales porque entienden que el Juez Garzón se ha involucrado y actuado para bien de la justicia internacional en casos como el del dictador chileno Augusto Pinochet y otros casos más a nivel mundial.

Por todo ello, me vuelve a parecer mentira que desde instituciones internacionales y organizaciones de derechos humanos se pida a España cumplir las recomendaciones de la ONU de poner fin a la Ley de Amnistía de 1.977 y, a la vez, se muestren preocupados de que los jueces españoles se dediquen ahora a juzgar a Baltasar Garzón cuando no se ha investigado los delitos cometidos durante toda la etapa del franquismo.